MECANISMOS NACIONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Un obstáculo para la
equidad entre hombres y mujeres, que se observa tanto en espacios públicos como
privados, es la relación desigual de poder entre ambos sexos, que se manifiesta
en la aplicación de manera sistemática de actos de control y dominación que
llevan a la discriminación y violación de los derechos humanos, principalmente
de las mujeres. Una de las manifestaciones más severas es la violencia de
género que afecta de manera inmediata, y en muchas ocasiones permanente y
definitiva la salud emocional y física de las mujeres y hombres que la padecen.
La frecuencia y trascendencia de los daños asociados a ella ha determinado que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) considere a la violencia de género
como un problema de salud pública, debido a que su incidencia y prevalencia
contribuyen de manera significativa a incrementar la morbilidad mundial, y a
elevar los costos de la atención médica y psicológica de las personas afectadas
por este problema.
La violencia de
género es un fenómeno que se presenta en todas las culturas y niveles
socioeconómicos, sin embargo la frecuencia y gravedad de sus consecuencias es
mayor en los grupos vulnerables, dada su condición social, económica, cultural,
étnica, su edad o discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que la violencia de género constituye un atentado contra los derechos
humanos como son el derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad,
a la dignidad, así como a la integridad física y psíquica de la víctima. En
este contexto la violencia de género debe ser atendida como un fenómeno
complejo y multicausal que constituye un problema de salud con implicaciones
sociales y culturales, por lo que debe ser abordada desde diversos ámbitos. Por
ello la Entidad encargada, deberá incluir un Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género (PPAVG),
como estrategia fundamental para combatir el problema de manera integral e
intersectorial y así favorecer el desarrollo de una sociedad libre de
violencia.
Con relación a la
prevalencia, la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres reportó
que el 33.3% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su
pareja actual y hasta 6 de cada 10 mujeres ha sufrido de violencia alguna vez
en su vida por cualquier otra persona. En el Azuay, el 33.9% de las mujeres
encuestadas reportó haber sufrido violencia de cualquier tipo por parte de su
pareja actual, el 29.4% reportó violencia psicológica, el 16.9% violencia
física, el 9.3% sexual y el 4.5%, económica. 11 De acuerdo a la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en el país, el
44.9% de las mujeres casadas o unidas ha sufrido violencia por su pareja a lo
largo de su relación y que una de cada tres mujeres casadas o unidas recibió
violencia por su pareja en el último año, demostrando que el tipo de violencia
más frecuente es la de tipo emocional con 89.2%, por lo tanto se debe
garantizar el derecho a una vida libre de violencia. De acuerdo al análisis de
casos de violencia de géneros detectados y atendidos por esta Secretaría, se
encontró que más del 80% de los casos correspondieron a mujeres, quienes fueron
jóvenes principalmente (entre 29 a 39 años de edad). Un dato relevante fue que
el 3.4% de las mujeres se encontraban embarazadas en el momento de sufrir la
agresión. Los tipos de violencia que se reportaron con mayor frecuencia fueron
la psicoemocional y la física y el sitio donde fueron agredidas correspondió al
hogar en el 89% de los casos. La principal consecuencia de la agresión fue el
malestar emocional, seguida por contusiones y depresión. Como se ha reportado
en estudios previos, el principal agresor fue su pareja o cónyuge (71.9% de los
casos).13 Cuando se analizan los casos por grupos de edad, se encontró que dos
de cada 10 casos corresponden a menores de edad. Si bien la mayoría son
mujeres, en menores de 5 años predominan los niños maltratados. En cuanto a
adultos mayores, el 3.2% del total de casos correspondió a este grupo de edad,
y en el 83% se trató de mujeres que había sufrido violencia de género.
Abordar la violencia
desde la perspectiva de género permite impulsar el empoderamiento de quien se
encuentra en situación vulnerable y el goce pleno de los derechos humanos,
tratando de modificar los patrones de conducta, costumbres, prejuicios y
estereotipos que como sociedad se han naturalizado, lo que conlleva al
desarrollo de relaciones interpersonales que se tornan en un ambiente violento
donde no hay reconocimiento del incremento gradual e impacto que genera graves
consecuencias en la salud mental, física e incluso la muerte. Es importante
resaltar que para la atención de las usuarias involucradas en situación de
violencia familiar y/o sexual, las psicólogas, deberán apegarse a los criterios
de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad,
respeto a la dignidad y derechos humanos.
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