ENSAYO SOBRE COSTOS Y CONSECUENCIAS DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

INTRODUCCIÓN

Podría comenzar citando diversas estimaciones que versas en torno a los costos el delito. Millones de dólares que lo hogares y empresas destinan para anticiparse a la ocurrencia de un delito. Otros tantos millones perdidos a causa de asaltos, pago de rescates, mercancías robadas, entre otras. Además, debemos integrar a estos costos los miles de dólares que se destinada para que el sistema de justicia penal y de seguridad pública opere con regularidad. Ya no pensemos en costos menos visibles como inversiones pospuestas o efectos e largo plazo en la economía y en la sociedad. Sin embargo para que queremos medir el costo de los delitos e inseguridad. Algunos dirán que saber a cuánto ascienden estos costos permite dimensionar el problema. Al fin y al cabo no es posible menoscabar un problema que en términos agregados podría representar el 10 o el 20 % del Producto Interno Bruto anual. Otros verificaran que sirve para comparar los costos entre países[1], regiones y estaos. Desde mi perspectiva, el propósito de la medición de los costos del crimen y la inseguridad deber ser el de mejorar la toma de decisiones públicas y en menor grado de decisiones privadas.

El efecto de incapacitación que produce el encarce­lamiento no se limita a la actividad delictiva sino que en general incluye también a la actividad productiva. Si bien en algunos casos las personas privadas de li­bertad realizan actividades productivas en las prisio­nes, en la mayor parte de las cárceles se cuenta con programas que promuevan la productivi­dad de los reclusos. De esta manera, la supresión de la actividad delictiva consiste también en la supresión de una fuente de ingresos en la economía. Este capí­tulo proporciona estimaciones de este costo que se inflige a la sociedad en su conjunto. La metodología es simple: se atribuye a cada persona privada de libertad el ingreso laboral promedio de una persona de su mis­mo género y edad, información que se obtiene de las encuestas de empleo de cada país[2]. En este sentido, nuestro método de estimación asume que, de haber estado en libertad, una persona encarcelada habría generado un ingreso equivalente al promedio para su grupo de género y edad. Existen circunstancias en las que este supuesto puede no ser razonable, en particu­lar, si los privados de libertad ostentan características que los hacen distintos de sus coetáneos del mismo género que se hallan en libertad. Algunas de estas ca­racterísticas pueden ser el nivel educativo o determi­nadas habilidades laborales que influyen sin duda en el nivel de productividad de las personas.

DESARROLLO

Dadas las estadísticas presentadas más arriba, no es sorprendente que la principal preocupación de la población sea el crimen, incluso por encima del desempleo o de la situación económica de sus países. Esto es un indicador de que los costos del crimen en la región son de gran magnitud, y que puede haber numerosas distorsiones a la hora de abordar este problema. El debate introductorio sobre los costos del crimen mencionaba los costos como una consecuencia del crimen, que implica pérdidas humanas y daños materiales. Las altas tasas de homicidio en la región, así como las tasas de otros delitos contra las personas y la propiedad, convierten a este componente de los costos del crimen en un elemento muy importante. No es una tarea sencilla medir de una manera convincente y comparable. En primer lugar, tenemos que identificar que conceptos queremos medir. En segundo lugar, hay que definir cómo medirlos. En tercer lugar, la interpretación de las mediciones constituye el aspecto más crucial pues podemos simplemente llegar a una cifra incomparable o que se solo una cifra adicional en el universo de estadísticas mediáticas. Esta es una estimación conservadora que considera solamente los costos directos del crimen usando el método contable presentado. Este valor equivale al 53% del costo total para América Latina y el Caribe (ALC)[3] y al 78% para el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Pa­raguay y Uruguay). El alto costo del crimen en Brasil puede explicarse parcialmente por sus dimensiones continentales. El país alberga la mitad de la población de la región (49,8%); genera el 43% del PIB regional y concentra el 39,5% de los homicidios de la región. Como porcentaje del Cono Sur, la población brasileña corresponde al 79,2% de la subregión y concentra el 95,1% de los homicidios.

Conclusión

Los costos económicos del delito en América Latina efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2013. Los estudios revisados han abordado casos de los costos indirectos que generan la violencia y la delincuencia, aportando evidencia significativa acerca de los efectos que ello provoca sobre quienes la sufren o están expuestos a ambientes donde tienen lugar con recurrencia estos hechos. Los resultados de los análisis muestran que los costos para personas y hogares son importantes, que los efectos sobre las oportunidades de bienestar de personas y hogares son significativos, y que ellos tienden a concentrarse entre los grupos más vulnerables de la población, exacerbando sus condiciones de pobreza y marginación social. Utilizando el método contable, se ha estimado que los costos de bienestar de la delincuencia y la violencia alcanzan al menos el 3%-3,55% con países que casi duplican el promedio regional principalmente en Cen­troamérica. Esta es una estimación conservadora, ya que no incluye otros costos directos e indirectos, tales como programas de prevención de la violencia, gastos en salud debido a la violencia, o el impacto de la de­lincuencia en otros resultados, como los precios de la propiedad. Los costos incurridos por el gobierno y los incurridos por el sector privado parecen ser en su ma­yoría similares: los costos gubernamentales oscilan, en promedio, entre 1% y un 1,5% del PIB y las estimaciones de costos del sector privado entre un 0,8% y un 1,4% del PIB. Sin embargo, existe una gran variación entre países. Los costos de victimización, a pesar de ser pe­queños en promedio, pueden resultar sustanciales en los países más violentos: las estimaciones de Hondu­ras y El Salvador se sitúan entre el 2% y 1%, respecti­vamente. Un hecho interesante que se desprende de este cuadro es que los costos privados parecen estar más correlacionados con la victimización que el gasto público en seguridad ciudadana. Esto sugiere que los actores privados pueden ser más flexibles a la hora de adaptarse a los cambios en el ambiente del crimen, o que el sector privado está expulsando las inversiones públicas para prevenir la delincuencia. Esto implica que hay espacio para políticas más rentables lideradas por el gobierno. Se observa que los altos costos del crimen en América Latina son impulsados por los  elevados índices de crímenes violentos. Esto incluye principalmente altos niveles de crimen violento, específicamente homicidios y agresiones.

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[1] Si bien en la encuesta se indaga acerca de la cantidad de veces que el individuo ha sido objeto de un robo, se consideró solo una vez por cada sujeto que respondía afirmativamente para evitar sobrestimaciones.

[2] Los cálculos se realizan sobre una base anual. Los datos de las personas privadas de la libertad (su cantidad y sus características por edad y género) son promedios anuales, de modo que utilizamos los ingresos laborales anuales para cada grupo de edad y género prove­nientes de las encuestas de empleo.

[3] Se consideran los siguientes 17 países de ALC: Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad & Tobago y Uruguay.