ENSAYO MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIÓN VENEZOLANA
ENSAYO MOVILIDAD HUMANA
INTRODUCCIÓN
Desde
la mirada de los Estados la migración ha sido tratada como una amenaza que ha
rebasado la esfera nacional; ésta visión de problema ha permitido que al
migrante[1]
se lo asocie generalmente con percepciones negativas como la peligrosidad y
actos al margen de la ley, situación que en el contexto de la globalización, ha
provocado que a la inversa de lo que sucede con la apertura de fronteras para
la liberación de las mercancías y la información, se fortalezcan las
restricciones a la movilidad de las personas, que deviene en el fortalecimiento
de los canales irregulares de la migración. Ecuador no ha estado apartado de
esa visión generalizada sobre la inmigración y a pesar de contar con un marco
constitucional favorable a los derechos de movilidad a partir del 2008, ha
mantenido su tratamiento de restricción y control a través de la detención y
deportación de migrantes irregularizados. Pero, ¿a qué se debió éste
tratamiento? ¿Qué factores permitieron la detención y la existencia de centros
de detención de migrantes en el marco de una Constitución que reconoce el
derecho a la libre movilidad y la no criminalización de inmigrantes?
A
partir de los conceptos de la securitizacion[2],
cosificación[3]
y criminalización del migrante, se ha intentado dar respuesta a esta
interrogante, analizando para ello el vínculo que se estableció históricamente entre
el Estado-nación y el territorio, que fue generando una clara división de la
población entre ciudadanos y extranjeros (considerados no ciudadanos, carentes
de derechos o con un acceso restringido a los mismos), dualidad reforzada aún
más bajo el estigma de la irregularidad, reduciendo de manera permanente al
migrante como un cuerpo al margen de la ley; es decir, bajo una concepción
cosificada del migrante que lo reduce hasta el punto de invisibilizar su
esencia como ser humano.
La
dualidad entre nacionales y extranjeros no ha sido la única división que surgió
con el Estado-nación, además se ha establecido una división de extranjeros en
deseables e indeseables, según ciertos aspectos determinados por los Estados.
Aquellos quienes en definitiva representan un beneficio a los objetivos del
Estado serán bienvenidos, mientras que quienes según la visión del Estado no lo
beneficien, son considerados indeseables. Esta división ha determinado las
respuestas de los Estados para el tratamiento de las migraciones, por un lado
de restricción a través de la imposición de rigurosos requisitos que limitan el
ejercicio de derechos de movilidad en sus territorios contribuyendo
paradójicamente a la irregularidad; y por otro lado el control a través de la
cosificación del sujeto migrante. La cosificación del migrante en las políticas
públicas se ha extendido a prácticas arbitrarias como la privación de la
libertad por la condición migratoria, de tal forma que su contención y
privación de libertad se convierte en un mecanismo de confirmación de su
estatus objetivado deviniendo en la criminalización de la migración.
La
vinculación al tema nació debido a mis funciones como Defensora Pública dentro
de los procesos de deportación, por lo que pude realizar observación participante
en todas las esferas de ese proceso desde el mes de abril del 2016 hasta marzo
del 2017, fecha en la cual se produjo el cierre implícito del “Hotel Carrión” debido
a la vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
DESARROLLO
La crisis política y
humanitaria que atraviesa Venezuela ha acelerado la cantidad de venezolanos que
huyen del país, incluidas personas que migran hacia Ecuador. Según el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 236.000
venezolanos ingresaron en Ecuador entre 2016 y septiembre de 2017.
Aproximadamente tres cuartas partes de estas personas continuaron hacia el sur,
dejando un saldo migratorio en el país de cerca de 62.000 personas. ACNUR
también ha informado que Ecuador se ha convertido en un país tanto de
destino como de tránsito para los ciudadanos venezolanos que se dirigen a Perú
y Chile. El Ministerio del Interior de Ecuador ha informado que, en
2016, ingresaron al país 102.619 venezolanos y salieron 79.008.
Hasta septiembre
de 2017, más de 1.500 ciudadanos venezolanos habían pedido asilo en Ecuador, y
en agosto de 2017 se registró una cifra mensual récord de 222 solicitudes,
afirmó ACNUR. En teoría, los migrantes
venezolanos que deseen vivir temporariamente[4] en
Ecuador pueden solicitar distintos permisos de residencia, como una visa
especial para ciudadanos de los Estados Miembros de UNASUR prevista en
la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de febrero de 2017. Existen
requisitos mínimos para solicitar este tipo de visa, la cual les permite a los
ciudadanos venezolanos vivir y trabajar en Ecuador. Sin embargo, la Asociación
Civil Venezolanos en el Ecuador, una organización fundada en 2015 que ayuda a
migrantes de esa nacionalidad, indicó que en la mayoría de los casos el costo
de los distintos permisos (que oscila entre USD 200 y USD 500) representa un
obstáculo infranqueable, debido a la precaria situación económica de la mayoría
de los migrantes venezolanos. A continuación se describen
algunos testimonios recabados por Human Rights Watch de venezolanos que huyeron
de la crisis y viven o pasaron recientemente por Quito: Petra
Sofía Vásquez Rodríguez, de 30 años de edad, es una
comunicadora social y diseñadora gráfica que trabajaba en Caracas como gerente
de una importante empresa de cines. Se fue de Venezuela en agosto de 2017
debido a la crisis y a la escasez de medicamentos que necesita para la
discapacidad visual que padece. Vásquez manifestó que tiene visión en un solo
ojo y muy limitada, por lo que necesita aplicarse gotas oftalmológicas
diariamente. Desde 2015, se volvió cada vez más difícil encontrar las gotas y
solamente podía usarlas en forma intermitente. Contó que estuvo más de seis
meses sin usar las gotas porque no podía conseguirlas en Venezuela, antes de
huir del país. En Ecuador, Vásquez trabaja en forma independiente manejando las
redes sociales de empresas y personas. En Ecuador, ha conseguido y podido pagar
las gotas oftalmológicas que necesita y tiene intención de mudarse a la
Argentina tan pronto reúna el dinero para hacerlo. Carlos
Miguel Machado, de 23 años de edad, llegó a Ecuador a fines de 2016. Nacido en
Valencia, estado Carabobo, y especializado en marketing, trabajó varios años
para el equipo de responsabilidad social de una importante empresa de telecomunicaciones. Machado contó a Human Rights
Watch que se vio obligado a irse de Venezuela porque no podía conseguir los
medicamentos que su esposa necesitaba luego de una cirugía tiroidea. Machado
nos dijo: “Tenía que recorrer distancias, ir de farmacia en farmacia buscando
el medicamento y no lo conseguía; y en el mercado negro cuesta muchísimo”. En
un primer momento, se fue a Ecuador sólo por tres meses para “conseguir la
medicina y algo de dinero”, y dejó a su esposa e hijos en Venezuela. Pero a medida
que la situación en Venezuela se deterioraba rápidamente, decidieron que la
familia entera viajara por tierra, cruzando Colombia, y se reuniera con él en
Ecuador en 2017. Machado explicó que, para pagar
el viaje a Ecuador, vendió todas sus pertenencias en Venezuela, excepto su
departamento, porque desea “regresar a [su] país, no [se] quier[e]
desarraigar”. En Ecuador, él y su esposa han realizado trabajos informales,
como vender empanadas en la calle. Cuando le preguntamos a su esposa, quien en
Venezuela trabajaba como diseñadora gráfica, si había considerado volver a su
país, contestó: “Todos los días pienso en regresar a Venezuela. Tengo la
esperanza. Pero cuando nos ponemos a pensar en frío, ¿qué voy a hacer allá?”. Mercedes
Arvelo López (seudónimo), una docente de 51 años de edad,
llegó a Quito en octubre de 2017 con su hija Rosalba (seudónimo), de 9 años.
Arvelo contó a Human Rights Watch que su esposo había “desertado del chavismo”
luego de trabajar años en temas de inteligencia para el gobierno venezolano
durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde entonces,
recibieron amenazas anónimas, personas no identificadas siguieron y dispararon
a su esposo y agentes de inteligencia se presentaron en su vivienda preguntando
por él. Cruzaron a pie la frontera con
Colombia, con la intención de llegar a Perú. Pidieron asilo en Colombia, pero
tras varios meses sin recibir respuesta, decidieron dirigirse a Ecuador,
nuevamente a pie. En Ecuador, la familia también solicitó asilo, según
documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch. Arvelo
ha recibido ayuda de Cáritas para alimentar a su hija, quien tuvo que dejar
atrás su escuela, amistades y familiares. Solicitó ser reconocida como
refugiada en Ecuador pero, luego de varios meses sin recibir una respuesta
formal de las autoridades y temiendo ser deportada, se mudó con su hija a Perú,
donde solicitaron “refugio humanitario”, dijo a Human Rights Watch.
CONCLUSIONES
La relación histórica
ente el Estado nación y el territorio ha permitido la división de la población
en nacionales y extranjeros, y a su vez, ésta división ha justificado la
superposición de unos sobre otros, en la titularidad y el ejercicio de los
derechos, que a su vez se ve reducida -aún más-, cuando está atravesada por el
estigma de la ―ilegalidad o irregularidad‖, reforzando las percepciones
negativas que se tiene sobre el ―migrante indeseable‖.
La consolidación de
las percepciones negativas asociadas a los migrantes ha provocado que la
migración sea vista y atendida como un problema por parte del Estado; es decir
que las respuestas institucionales han ido destinadas a la mitigación o ataque
de la migración sobre todo irregular.
La dualidad
extranjero-ciudadano, agravada ésta por la “ilegalidad” o “irregularidad”
producida por los Estados, ha contribuido a la transformación del sujeto
migrante en objeto de la política pública, y a su vez, ha permitido la
legitimación de prácticas arbitrarias como la privación de la libertad por la
condición migratoria y su posterior expulsión.
Hasta inicios del
presente año, la política migratoria en Ecuador no había evolucionado de manera
trascendental, sino más bien, mantuvo ciertos elementos, tales como la
securitización, discriminación y criminalización, como los pilares
fundacionales a lo largo de la historia ecuatoriana, representados
principalmente en una Ley, cuyo fundamento fue de rechazo al extranjero, el
castigo y la lección
A pesar de que la
política migratoria ecuatoriana haya experimentado un cierto aperturismo a
partir de la vigencia de la Constitución del 2008, las presiones de la
población nacional y la crítica internacional por la “inestabilidad” a la que
estaba exponiendo a otros Estados por su política de libre movilidad, hizo que
el gobierno retome el control y la expulsión como principales respuestas al
fenómeno inmigratorio.
Las percepciones
negativas de los migrantes que han mantenido los distintos actores estatales en
los procesos de deportación han permitido que se haya perpetuado la privación
de libertad como una medida adecuada y necesaria para la expulsión de los
inmigrantes irregularizados y como un mecanismo de control en nombre de la
seguridad nacional.
Varias dimensiones de
poder han tenido un rol determinante en el sostenimiento de la deportación y
detención de migrantes en Ecuador como principales respuestas a la migración
irregularizada.
La sobredotación de
poder a una institución estatal, que tiene por objeto el control y la seguridad
nacional, permitió que las actuaciones de los demás actores en los procesos
relacionados a la deportación, estuvieran casi predichos, pues los estándares
impuestos se enmarcaban en el contenido estricto de una Ley cuya esencia era el
rechazo al extranjero, y no el respeto de los derechos de las personas,
independientemente de su origen nacional y condición migratoria, como si
propugna la Constitución.
El espectro de
control del Ministerio del Interior extendido a las actuaciones de los demás
actores públicos, limitó la posibilidad de que la detención y la deportación
constituyeran la regla excepcional aplicable a la migración irregularizada; y
que, por el contrario, fueron justificativos ante el temor de las posibles
represalias a la no sujeción.
La institucionalidad
de las prácticas de control de la migración irregularizada, estuvo fuertemente
ligada a la discrecionalidad de los funcionarios, que dieron paso a que se
originen otros espacios de restricción de libertad por asuntos migratorios, no
precisamente relacionados a la irregularidad; tal el caso de las conocidas “zonas
de tránsito” o “zonas francas” de los aeropuertos internacionales, donde se han
mantenido personas impedidas de “ingresar” a Ecuador por tiempos
indeterminados. La existencia de los centros de internamiento, encierro,
albergues, o cualquier otro lugar que limite el derecho de libertad de una
persona por su condición migratoria, bajo el argumento de una orden de
deportación o expulsión, condensan la xenofobia en contra del “otro”‖ no
nacional, y ratifica la reducción de la persona migrante como objeto
controlable.
La limitada
intervención que se permitió a instituciones como la Defensoría del Pueblo y
Defensoría Pública, posibilitó el fortalecimiento de la discrecionalidad de los
funcionarios de migración, sobre todo en la ejecución de las deportaciones.
[1] La OIM se ocupa de los migrantes y de las
cuestiones relacionadas con la migración y, en concertación con los Estados
pertinentes, de los migrantes que requieren servicios de migración en el plano
internacional.
[2] Securitización, es un
proceso mediante el cual un bien o conjunto de ellos se transforman
en un título o valor transferible y negociable en un mercado. A través de esto,
activos no líquidos se convierten en otros con liquidez inmediata.
[3] Es decir, de tratar a
los demás como objetos. Así ocurre, por ejemplo, en la amistad de utilidad.
Aquella en la que el amigo únicamente busca su propio interés. Cosificar a las
personas significa ir en contra de la propia esencia del ser humano, despojar a
la persona de su propia dignidad.
[4]
Quizá lo de
temporariamente venga para diferenciar temporal de temporal, palabra polisémica.
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